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El Ministerio de Trabajo tiene previsto aprobar una norma que extenderá la prevención de riesgos laborales a las empleadas del hogar. Esta nueva regulación obligará a evaluar los riesgos del puesto de trabajo, proporcionar formación a las empleadas y facilitar la vigilancia de su salud, mediante reconocimientos médicos.
La administración laboral proporcionará los medios necesarios para que los empleadores, que suelen ser familias trabajadoras y personas mayores, cumplan con estos requisitos. El proyecto normativo incluye el desarrollo de una herramienta virtual para evaluar el puesto y acceder a la formación necesaria, y asigna al Ministerio de Sanidad la responsabilidad de realizar reconocimientos médicos gratuitos.
El proyecto de Real Decreto ya ha superado la mayoría de los trámites necesarios, y esta semana ha sido discutido con los sindicatos UGT y CCOO. Las centrales valoran el avance que representa para un colectivo históricamente infravalorado, una norma de estas características, pero piden en la misma, algunas modificaciones para asegurar una prevención efectiva y no meramente formal.
El texto de la normativa, que cumple con lo establecido en el Real Decreto de 2022 sobre empleadas del hogar y con los compromisos derivados de la ratificación del Convenio 189 de la OIT, estipula que los empleadores deben «realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud» y actualizarla cuando se detecten nuevos riesgos.
Reconocimiento del derecho al paro para empleadas del hogar
El proyecto concede al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo un plazo de diez meses para desarrollar una herramienta virtual, que facilite a los empleadores, principalmente familias y personas mayores, la realización de estas evaluaciones.
Formación obligatoria
La propuesta del Ministerio de Trabajo especifica que es responsabilidad del empleador proporcionar equipos adecuados y formación en materia de prevención desde el momento de la contratación. Esta formación se impartirá a través de una plataforma de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae).
Además, los empleados tendrán derecho a la vigilancia de su salud, incluyendo la posibilidad de realizarse un reconocimiento médico adecuado y voluntario. El Ministerio de Sanidad promoverá la inclusión de estos reconocimientos médicos gratuitos.
La normativa también aborda la prevención de la violencia y el acoso en el empleo doméstico, y da un año para que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo elabore un protocolo de actuación. La propuesta aclara que los costos de todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo no deben recaer sobre las trabajadoras.
Esta norma será obligatoria para los empleadores, que se enfrentarán a recargos en las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional si no desarrollan los mecanismos de protección adecuados.
Propuesta de autoevaluación
El objetivo de esta regulación, según el Ministerio de Trabajo, es eliminar las «diferencias de trato no justificadas» que han persistido debido a la histórica infravaloración de este trabajo.
